El Juzgado de Instrucción nº 04 de Madrid ha dictado el sobreseimiento provisional de unas Diligencias Previas, por un presunto delito de falsedad documental que investigaba a M.G.G y J.B.M. La decisión, llega después de que tanto la defensa, como el Ministerio Fiscal, solicitaran el archivo de las actuaciones, argumentando la atipicidad de los hechos imputados.
La investigación se inició el 12 de mayo de 2023, tras una intervención de la Policía Municipal de Madrid relacionada con el uso de una Tarjeta de Estacionamiento de Persona de Movilidad Reducida (TPMR). El atestado policial señalaba que la tarjeta, si bien era auténtica según un informe técnico forense, figuraba a nombre del fallecido en 2017, J.B.Z, padre de J.B.M. Se alegaba que J.B.M. había solicitado un duplicado y posteriormente la renovación de la TPMR tras el deceso de su padre, y que esta tarjeta fue utilizada en un vehículo propiedad de M.G.G en varias zonas de estacionamiento regulado (SER) de Madrid y en varias ocasiones.
La defensa, ejercida por Ricardo Agud Spillard, de Escudo Legal, sostuvo que los hechos no eran constitutivos de delito, al no encuadrarse en los artículos 392 y 393 del Código Penal. Se argumentó que la tarjeta de movilidad reducida no es un documento de identidad y que su uso no generó un perjuicio real y efectivo a un tercero, elemento indispensable para la configuración del delito. La defensa se apoyó en jurisprudencia consolidada de Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo que establece que el mero beneficio personal o un perjuicio hipotético no son suficientes para integrar el tipo penal de falsedad documental en estos casos. También se apoyó en que el Ayuntamiento de Madrid no había acreditado la existencia de perjuicio alguno para las arcas municipales.
El Ministerio Fiscal, tras analizar el caso, también se sumó a la petición de sobreseimiento, al considerar que no se acreditaba el requisito del perjuicio real y efectivo a un tercero.
Con base en estos argumentos, el Juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, ordenando su archivo. No obstante, se ha deducido testimonio a la Jefatura Superior de la Policía Municipal por si los hechos pudieran ser objeto de sanción administrativa.
Esta resolución subraya la importancia de la interpretación restrictiva de las normas penales y el principio de intervención mínima del derecho penal, delimitando claramente las conductas que, si bien pueden ser reprochables administrativamente, no alcanzan la entidad para ser consideradas delito.
Noticia publicada en lawandtrends: La justicia archiva un caso de falsedad documental por la utilización de una tarjeta de minusválido de una persona fallecida | Penal | LawAndTrends
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