El equilibrio entre la seguridad pública y la privacidad ha vivido un nuevo episodio clave. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia fundamental en el Asunto C-57/23, aclarando hasta dónde pueden llegar los Estados miembros al recolectar y almacenar huellas dactilares, fotografías y perfiles genéticos (ADN) de personas sospechosas.
La resolución confirma que el Derecho de la Unión no prohíbe que las autoridades policiales y judiciales recojan y conserven datos biométricos y genéticos de personas encausadas por delitos dolosos. Sin embargo, esta potestad no es un cheque en blanco.
Los puntos clave de la resolución
Habilitación estatal: Los Estados miembros pueden establecer leyes que obliguen a la toma de estos datos a personas sospechosas o encausadas en procesos penales.
Necesidad y proporcionalidad: La recogida de datos debe ser estrictamente necesaria para los fines de prevención, detección o investigación de infracciones penales.
Limitación temporal: El Tribunal es tajante: la conservación no puede ser ilimitada ni indefinida por defecto. Los Estados deben establecer plazos de revisión o borrado, especialmente si la persona es finalmente absuelta.
Diferenciación de categorías: No se puede tratar igual a un sospechoso de un delito leve que a uno de un delito grave. La gravedad del hecho debe condicionar cuánto tiempo se guardan esos datos en las bases policiales.
El impacto en el proceso penal
Esta sentencia refuerza las garantías de la Directiva (UE) 2016/680. Aunque permite a la policía tener bases de datos robustas para combatir el crimen, obliga a los legisladores nacionales a ser mucho más cuidadosos con la «memoria» de sus sistemas informáticos.
Esta resolución abre una vía clara para solicitar la cancelación de antecedentes policiales y datos genéticos cuando la conservación ya no sea necesaria para la investigación o cuando el riesgo de reincidencia haya desaparecido.
Conclusión
El TJUE valida la eficacia de las herramientas de identificación modernas (ADN y biometría), pero las somete al imperio de la proporcionalidad. La seguridad de todos no puede construirse sobre la vulneración permanente de la privacidad de quienes, en muchos casos, terminan siendo inocentes ante la ley.
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