Hace apenas unos meses, en este mismo blog, celebrábamos lo que parecía una victoria del garantismo frente a la prospección tecnológica. Titulábamos: Varapalo judicial a la investigación masiva de SKY ECC: El «Gran Hermano» policial se estrella en Valencia – Escudo Legal. Sin embargo, en el mundo del derecho penal, ninguna batalla es definitiva hasta que un Tribunal Superior dicta sentencia.

Hoy tenemos sobre la mesa la Sentencia n.º 118/2026 del TSJ de la Comunidad Valenciana, que no solo anula la absolución de los procesados en el «caso de los 117 kilos de cocaína del Puerto de Valencia«, sino que lanza un serio correctivo a la Audiencia Provincial por su forma de descartar la prueba de los mensajes encriptados.

El «Efecto Búmeran«: De la nulidad a la validez

La Audiencia Provincial había dictado una sentencia absolutoria basándose en un argumento que muchos juristas compartíamos: si la defensa no puede acceder a los «datos brutos« (el material original sin filtrar de los servidores franceses) para verificar la integridad de los mensajes, se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías.

Sin embargo, el TSJ ha sido tajante: el hecho de que no haya acceso a los datos brutos no implica, «per se«, una indefensión. El tribunal de apelación considera que la Audiencia fue contradictoria: primero admitió la legalidad de la Orden Europea de Investigación (OEI) y luego, en la sentencia, trató los mensajes como si fueran una prueba nula.

Los puntos clave del TSJ: ¿Por qué cambia el criterio?

El TSJ fundamenta su decisión en varios pilares que todo abogado penalista debe analizar con lupa:

Legitimidad de origen: El tribunal recuerda que la investigación sobre SKY ECC en Francia ha sido validada por sus propios tribunales y por el Tribunal Supremo español (en casos similares como EncroChat). No podemos, según el TSJ, presumir que la policía francesa o española ha manipulado los archivos sin un indicio sólido de que eso haya ocurrido.

Legalidad Ordinaria vs. Constitucional: Aquí está la clave técnica. El TSJ distingue entre una prueba obtenida violando derechos fundamentales (que es nula radicalmente) y una que presenta defectos en su incorporación al proceso (legalidad ordinaria). Para el TSJ, la falta de «firma digital» o «valor hash» en la descarga inicial no anula el contenido si hay otros medios (como el testimonio de los agentes) que garantizan la cadena de custodia.

Las «corroboraciones cruzadas«: El Ministerio Fiscal aportó un arsenal de pruebas periféricas que la Audiencia ignoró: menciones a familiares en los chats, matrículas de coches, multas de tráfico e incluso un permiso de conducir croata falso hallado en una detención que coincidía con lo hablado en los chats. El TSJ dice que todo esto debió ser valorado.

¿Hacia dónde vamos?

La sentencia del TSJ declara la nulidad de la sentencia absolutoria y ordena que el mismo tribunal dicte una nueva sentencia, pero esta vez analizando toda la prueba, incluyendo los mensajes de SKY ECC que antes habían sido expulsados del análisis.

¿Qué significa esto para el derecho de defensa? Es, sin duda, un revés. El TSJ parece blindar la validez de las intervenciones masivas europeas bajo el principio de «confianza mutua» entre estados. Para los abogados defensores, el reto ahora no es solo impugnar la «fuente» (el servidor), sino atacar la identificación de los terminales: demostrar que un PIN de SKY ECC no equivale necesariamente a una persona concreta si no hay una vigilancia física o una prueba de cargo irrefutable que los una.

No obstante, seguro que el Tribunal Supremo tendrá la última palabra.

Conclusión

El «Gran Hermano» policial no se ha estrellado; simplemente ha tomado impulso. Esta sentencia nos recuerda que, en la era de la criminalidad tecnológica, los tribunales están priorizando la eficacia de la cooperación internacional sobre el rigor formalista de la prueba digital.

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