La detención preventiva es, sin duda, una de las restricciones más severas al derecho fundamental de la libertad personal (artículo 17 de la Constitución Española). Recientemente, la Secretaría de Estado de Seguridad ha publicado la Instrucción 10/2025, una norma que actualiza el «Procedimiento Integral de la Detención Policial» y que busca blindar el sistema de garantías en las comisarías y cuarteles de toda España.

Esta actualización no es un mero trámite administrativo; responde a la necesidad de alinear la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional y los estándares internacionales (ONU y Convenio Europeo de Derechos Humanos).

 

¿Cuáles son los pilares de la Instrucción 10/2025?

La instrucción refuerza varios puntos críticos que, a menudo, han sido objeto de controversia en los juzgados de guardia:

Transparencia y acceso al atestado

Uno de los puntos más relevantes es la reafirmación del derecho del detenido —y su letrado— a acceder a los elementos esenciales de las actuaciones. No basta con una información verbal genérica; la defensa debe conocer los indicios que motivan la privación de libertad para poder impugnar su legalidad de manera efectiva.

La detención como «tiempo estrictamente necesario»

La norma incide en que el plazo de 72 horas es un límite máximo, no un estándar. La detención debe durar el tiempo mínimo imprescindible para realizar las diligencias. Cualquier demora injustificada en la puesta a disposición judicial se considera ahora un agravamiento de la lesión del derecho a la libertad.

Supervisión externa

Un aspecto destacado de esta instrucción es la mención expresa a las visitas de inspección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), integrado en el Defensor del Pueblo. Se garantiza que los técnicos puedan realizar visitas sorpresa, entrevistar a detenidos en privado y revisar toda la documentación sin restricciones, reforzando el control sobre el trato recibido en dependencias policiales.

Digitalización y Registro

La Instrucción 10/2025 apuesta por la integridad del registro de la detención. Se busca que cada paso (lectura de derechos, llamadas, asistencia médica o letrada) quede debidamente trazado en los sistemas informáticos para evitar indefensiones.

 

Implicaciones para la práctica letrada

Para los abogados penalistas, esta Instrucción supone una herramienta de trabajo fundamental, ya que nos permite:

Exigir mayor rigor en la constancia de las protestas en el acta de declaración si se nos impide el acceso al atestado.

Fundamentar con mayor solidez las solicitudes de Habeas Corpus ante retrasos injustificados o falta de información.

Garantizar que los derechos de nuestros clientes no sean solo una lectura protocolaria, sino una realidad material.

 

Conclusión

La Instrucción 10/2025 es un paso adelante en la cultura de la transparencia policial. En un Estado de Derecho, la seguridad no puede construirse a costa de la opacidad. Como operadores jurídicos, nuestra labor es velar por que estos protocolos se cumplan escrupulosamente en cada calabozo y en cada declaración.