Una llamada de broma al 112 (o a otro servicio de emergencias) puede parecer una travesura sin consecuencias. No lo es. Cuando alguien alerta falsamente de un incendio, una agresión, una fuga de gas o cualquier otra emergencia inexistente, y esa llamada hace que se movilicen policías, sanitarios o bomberos, el Código Penal (CP) tiene una respuesta concreta: el artículo 561, el delito de simulación de peligro o de siniestro, comúnmente conocido como «falsa alarma».

 

No es un delito menor por lo simbólico del gesto, sino porque distrae recursos que en ese mismo momento podrían estar salvando una vida en otro lugar o solucionando un asunto muy grave como un incendio real.

 

El delito de la falsa alarma: qué dice el artículo 561 

 

El artículo 561 del CP castiga a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad, o la producción de un siniestro que exija auxiliar a otra persona, y con ello provoque la movilización efectiva de los servicios de policía, asistencia o salvamento. La pena prevista es de prisión de tres meses y un día a un año, o multa de tres a dieciocho meses.

 

De esta definición se extraen cuatro elementos que tienen que darse a la vez para que exista delito:

 

Una afirmación falsa o una simulación. Se dice algo que no es verdad, o se escenifica una situación que no existe.

Que verse sobre un peligro colectivo o un siniestro. Un incendio, una explosión, una persona herida o atrapada, una fuga de gas, una agresión en curso, etc.

Que provoque una movilización real de policía, servicios sanitarios o bomberos. No basta con mentir: la mentira tiene que activar el dispositivo de emergencia.

Que exista dolo. Quien llama sabe que lo que cuenta es falso y quiere precisamente que se movilicen esos servicios.

 

Llamar al 112 para avisar de un incendio, una explosión, una agresión, una fuga de gas o un accidente que no han ocurrido y que hace salir a una ambulancia, a los bomberos o a una patrulla encaja directamente en este tipo penal.

Por qué se castiga: el bien jurídico protegido

 

El artículo 561 no protege a una persona concreta, sino el correcto funcionamiento del sistema de emergencias. Cada aviso falso desvía recursos policiales, sanitarios o de salvamento de situaciones reales que podrían estar produciéndose al mismo tiempo. Por eso la ley no exige que se llegue a producir un daño añadido: basta con que la falsedad provoque la movilización de esos servicios para que el delito quede consumado.

 

La confusión más habitual: ¿es lo mismo que «simular un delito»?

 

Es frecuente confundir la falsa alarma del artículo 561 con la simulación de delito del artículo 457 del CP, y conviene separarlas bien porque no se trata de lo mismo.

 

El artículo 457 exige que alguien se presente ante un funcionario judicial o administrativo obligado a investigar, simule ser responsable o víctima de una infracción penal, o denuncie un delito inexistente, y que con ello se provoquen actuaciones procesales. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, además, ha señalado que tras la reforma procesal de 2015 muchas denuncias policiales falsas sin autor conocido ya no dan lugar a actuación judicial, por lo que en esos casos pueden quedar fuera del artículo 457.

 

La diferencia práctica, resumida, es esta:

Si lo que se hace es avisar al 112 de una emergencia material que activa ambulancias, bomberos o policía (incendio, accidente, persona herida, amenaza inmediata), estamos ante el artículo 561 del CP.

Si lo que se hace es denunciar falsamente un delito ante la policía o una autoridad y esa denuncia llega a activar el aparato judicial, hay que analizar el artículo 457 del CP.

Si, además, se atribuye ese delito falso a una persona concreta, puede entrar en juego el artículo 456 del CP, sobre acusación o denuncia falsa.

 

Lo decisivo para saber en qué tipo encaja la conducta es, por tanto, qué es lo que se finge: si se finge una emergencia material, el 561; si se finge una infracción penal con aptitud para llegar a un juzgado, el 457.

 

¿Y si además hay otro interés detrás de la llamada?

 

Cuando la falsa alarma no es un fin en sí mismo, sino un medio para otra cosa —por ejemplo, para encubrir una sustracción o para preparar un fraude al seguro—, la conducta puede entrar en concurso con otros delitos, porque el desvalor de la falsa llamada no agota necesariamente el de la finalidad última perseguida. Esta es una valoración que depende mucho del caso concreto y conviene analizarla con detalle antes de anticipar conclusiones.

 

Más allá del Código Penal: la vía administrativa

 

El Código Penal no es la única norma que protege el funcionamiento de los servicios de emergencia. La Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, tipifica como infracción grave las conductas que impidan u obstaculicen el funcionamiento de esos servicios cuando generen o incrementen un riesgo para personas o bienes. Ahora bien: cuando lo que ha ocurrido es exactamente lo que describe el artículo 561 —simular una emergencia que provoca la movilización real de esos servicios—, la respuesta jurídica principal es la penal, no la administrativa.

 

En resumen

 

Avisar al 112 (o a otro servicio de emergencias) de una situación de peligro o un siniestro que no existe, y conseguir con ello que se movilicen policía, sanitarios o bomberos, constituye en principio un delito del artículo 561 del CP, castigado con prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

No es, por regla general, un delito de simulación de delito (art. 457 del CP), salvo que lo que se finja sea propiamente una infracción penal y esa ficción llegue a provocar actuaciones judiciales.

Tampoco debe confundirse con la acusación o denuncia falsa (art. 456 del CP), que exige imputar el hecho a una persona concreta.

Según las circunstancias del caso, puede concurrir con otros delitos.

En determinados supuestos, puede haber responsabilidad administrativa y no penal.