Cada vez es más habitual: un ciudadano de otro país de la Unión Europea (UE) es detenido en España en ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para cumplimiento de una pena de prisión impuesta por ese Estado de la UE, y en lugar de ser entregado al país que dictó la condena, se acuerda —con el consentimiento de ese Estado— que cumpla la pena aquí, en territorio español, ya que el citado detenido tiene arraigo en España. 

Y surge la pregunta: si en España existe la posibilidad de suspender la ejecución de una pena de prisión en los términos del artículo 80 del Código Penal (CP), ¿puede pedirse esa suspensión también para una condena dictada por un tribunal de otro país europeo?

La respuesta, tras una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es más restrictiva de lo que muchos esperarían.

El reparto de competencias entre el país que condena y el país que ejecuta

Cuando una condena de prisión dictada en un Estado miembro se traslada a España para su cumplimiento, el reparto de papeles se rige por la Decisión Marco 2008/909/JAI y por su norma española de transposición, la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

La regla general —y la que primero se explica a cualquier interno o abogado que se enfrenta a esta situación— es que la ejecución material de la pena se rige por el derecho español.

Pero hay un matiz esencial que suele pasar desapercibido: junto a esa regla, la propia Decisión Marco impone a España la obligación de reconocer y ejecutar la condena tal y como fue dictada por el país de origen, en cuanto a su duración y naturaleza. Solo en supuestos muy tasados —incompatibilidad de la pena con la legislación española— cabe adaptarla.

¿En qué lado cae la suspensión de la condena?

Aquí es donde se sitúa la cuestión clave: cuando un tribunal español decide suspender la ejecución de una pena de prisión al amparo del artículo 80 del CP, ¿está aplicando su propio régimen de ejecución material (lo que le compete) o está, en la práctica, modificando el contenido de la condena dictada por el otro país (lo que no le compete)?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció sobre esta cuestión en una sentencia de 11 de septiembre de 2025 (asunto C-215/24), y lo hizo de forma bastante clara: la decisión de suspender la ejecución de una pena privativa de libertad no es una simple medida de ejecución material. Afecta a la condena en sí misma, a su efectividad. Y, por tanto, concederla desde el país de ejecución supondría alterar unilateralmente lo que decidió el país de origen, algo que la Decisión Marco no permite.

Entonces, ¿quién decide sobre la suspensión?

La consecuencia práctica es esta: un tribunal español no puede conceder la suspensión del artículo 80 del CP respecto de una condena dictada por otro país de la UE y trasladada a España para su cumplimiento. Y esto no es una cuestión de «pedir permiso» al país de origen —no se trata de un simple trámite de consentimiento—, sino de que la competencia para decidir sobre la suspensión sigue siendo, en todo momento, del país que dictó la sentencia.

En la práctica, esto significa que la persona condenada debe:

Dirigir su solicitud de suspensión (o la figura equivalente) a los tribunales del país que dictó la condena, conforme a su propio derecho interno. Cada ordenamiento tiene sus propias instituciones —aplazamientos, suspensiones condicionales— que pueden no coincidir exactamente con el artículo 80 del CP español.

Comunicar a las autoridades españolas que se ha iniciado ese trámite en el país de origen.

Si la solicitud llega, aun así, a un juzgado español, este debería declararse incompetente para resolverla y trasladarla al país de emisión a través de los cauces previstos en la propia Ley 23/2014.

Por qué importa esta distinción

Esta sentencia traza una línea que conviene tener muy presente en cualquier defensa que involucre a un condenado extranjero cumpliendo pena en España: una cosa es cómo se cumple la condena (competencia española) y otra muy distinta es si la condena, en sí misma, se suspende o se deja sin efecto (competencia del país que la dictó). Confundir ambos planos puede llevar a plantear una solicitud ante el órgano equivocado, con la consiguiente pérdida de tiempo procesal —algo especialmente delicado cuando hablamos de una persona privada de libertad.

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