Índice:
Introducción
En el ámbito judicial, la máxima de que «la justicia tardía, no es justicia» es más que un simple dicho. La eficiencia y la celeridad en la tramitación de los procesos dependen de dos pilares esenciales: la diligencia de las partes para actuar a tiempo y el impulso procesal de los Juzgados para mantener el procedimiento en marcha. La Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 710/2025, de 3 de septiembre (Ponente: Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar) ofrece un claro ejemplo de las graves consecuencias que puede acarrear la falta de cualquiera de estos dos elementos.
El Riesgo de la Prescripción: Un recordatorio para las partes
La STS nº 710/2025, pone de manifiesto la importancia de iniciar las acciones legales en el momento oportuno. En el caso analizado, se absolvió al acusado del delito de estafa. Aunque la sentencia no detalla las razones de la prescripción, sí indica que la querella se interpuso transcurridos más de cinco años de los hechos denunciados. Esto es un recordatorio severo para los profesionales del derecho y los ciudadanos: la ley establece plazos de prescripción para los delitos, y su superación extingue la responsabilidad penal, independientemente de la culpabilidad del acusado.
El plazo de prescripción es una figura jurídica que garantiza que nadie pueda ser juzgado indefinidamente por un delito. Este plazo varía según la gravedad de la pena. Una vez que se cumple dicho plazo sin que se haya actuado para interrumpirlo, la acción penal no se puede seguir ejerciendo, lo que puede dar lugar a la absolución, como ocurrió en el caso de la Sentencia analizada. Por ello, presentar las querellas o denuncias dentro de los plazos establecidos es una obligación ineludible para no perder el derecho a un juicio.
El Impulso Procesal de oficio: La responsabilidad de los juzgados
Junto a la diligencia de las partes, la ley española encomienda al Letrado de la Administración de Justicia la tarea de dar el curso que corresponda al proceso de oficio. Este principio, conocido como impulso procesal, busca evitar que los procedimientos se paralicen de forma injustificada. El propio sistema judicial tiene la obligación de actuar para que las causas avancen sin demoras indebidas, lo que se traduce en una tutela judicial efectiva para los ciudadanos.
Cuando se produce una inactividad prolongada por parte del tribunal, las partes interesadas tienen la facultad de presentar un escrito de impulso procesal para reclamar la reanudación del procedimiento. Esta herramienta es crucial para evitar que el tiempo transcurrido perjudique los derechos del justiciable.
Conclusión
En resumen, la STS nos enseña una lección fundamental: el tiempo es un actor principal en la justicia. Las partes deben ser diligentes para no perder sus derechos por la vía de la prescripción, mientras que los tribunales tienen el deber de impulsar los procedimientos para evitar demoras que puedan resultar en atenuantes o, incluso, en una percepción de ineficacia del sistema. Solo a través de la conjunción de la diligencia de las partes y el correcto impulso procesal se puede garantizar que la justicia sea no solo justa, sino también rápida y efectiva.
Si necesita asesoramiento o defensa en cualquier asunto penal, no dude en consultarnos a través de cualquiera de las formas de contacto con #escudolegal https://escudolegal.es/contacto/
