El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una nueva sentencia el 23 de octubre de 2025 (Caso Urusbiev y otros v. República de Moldavia y Rusia,) reafirmando su jurisprudencia sobre las violaciones de derechos fundamentales en la región separatista de Transnistria (la autoproclamada «República Moldava de Transnistria» o «MRT»).

Este fallo es esencial para entender la responsabilidad internacional de los Estados en territorios donde no ejercen un control efectivo y la ilegalidad de los sistemas judiciales no reconocidos.

 

El núcleo del caso

El caso acumula cinco solicitudes de ciudadanos que sufrieron privaciones de libertad ordenadas por los «tribunales» de la «MRT». Las quejas principales se centraron en:

Condiciones materiales de detención (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH): Los solicitantes describieron celdas infestadas de parásitos, hacinamiento, falta de ventilación, luz natural y acceso insuficiente a agua potable y alimentos.

Ilegalidad de la detención (artículo 5.1 del CEDH): El TEDH reiteró que el sistema judicial de la «MRT» no es compatible con el Convenio. Por tanto, las detenciones ordenadas por estos tribunales de facto se consideran ilegales.

Quiebra del secreto profesional entre abogado y clientes (artículo 8 del CEDH): El TEDH dictaminó que no solo se vulneró el artículo 8, sino que se produjo una injerencia ilícita que vació de contenido el derecho a un juicio justo, al eliminar el espacio seguro de asesoramiento legal necesario en cualquier proceso penal

Persecución de la libertad de prensa (artículo 10 y 34 del CEDH): El TEDH estableció que se había vulnerado el derecho a la libertad de prensa al haberle impedido a un periodista ejercerla en unas mínimas condiciones.

 

Análisis del secreto profesional entre abogado y cliente

Uno de los puntos más graves de la sentencia, específicamente en el caso de Serghei Ilcenco, es el ataque frontal al secreto profesional entre abogado y cliente.

El Tribunal constató una violación flagrante del derecho al respeto de la vida privada y la correspondencia debido a la vigilancia de las comunicaciones legales:

Vigilancia técnica: Se realizaron grabaciones de audio y vídeo de las reuniones de Ilcenco con su abogado mientras estaba en prisión. El TEDH subrayó que la confidencialidad de las reuniones con un abogado es un elemento fundamental del derecho de defensa.

Censura de correspondencia: Toda la comunicación escrita del solicitante, incluida la mantenida con su letrado, fue sometida a censura por parte de las autoridades de la prisión.

 

Persecución por actividad periodística

Otro de los puntos relevantes fue la persecución absoluta de la libertad de prensa afectando a la labor periodística:

Registro e incautación: El domicilio de Ilcenco fue registrado bajo acusaciones de extremismo y se incautaron pertenencias vitales para su profesión periodística.

Privación de medios físicos: Para silenciarlo, las autoridades registraron su celda repetidamente y le confiscaron papel y bolígrafo, impidiéndole escribir artículos o comunicarse con el Tribunal.

 

 Atribución de responsabilidad internacional

El TEDH determine que la Federación de Rusia ejercía un control efectivo sobre la «MRT» en el periodo de los hechos. Dado que las violaciones ocurrieron antes del 16 de septiembre de 2022, Rusia fue declarada responsable de las infracciones.

En cambio, concluyo que Moldavia no violó el CEDH, ya que cumplió con sus obligaciones positivas al intentar proteger los derechos de los ciudadanos a pesar de carecer de control real sobre el territorio.

El TEDH condena a la Federación de Rusia el pago de indemnizaciones significativas. En el caso del periodista Serghei Ilcenco, la cuantía se fijó en 26.000 euros por daño no pecuniario y 3.600 euros por costas, reflejando la gravedad de la injerencia en el secreto profesional y la libertad de expresión.

Este fallo refuerza la doctrina de que la confidencialidad abogado-cliente es un límite infranqueable para los Estados, incluso en contextos de conflicto o regímenes de facto. Y la libertad de prensa ha de garantizarse en todo el territorio bajo el paraguas del CEDH.

Sin embargo, es una sentencia moralmente vinculante pero materialmente inejecutable en el contexto actual de ruptura entre Rusia y los organismos jurídicos europeos.

 

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