La Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, ha introducido una novedad que afecta directamente a la práctica penal cotidiana. El legislador responde a un fenómeno criminológico bien identificado: la epidemia de robos de teléfonos móviles en el espacio público.
El artículo 235 del Código Penal (CP) recoge las modalidades agravadas del delito de hurto, sancionadas con prisión de uno a tres años. Hasta ahora, la agravación dependía fundamentalmente del valor económico del objeto sustraído: la regla general exigía superar los 400 euros para pasar del hurto leve a la figura básica, y distintos supuestos cualificaban la conducta por encima de ese umbral. El nuevo apartado décimo dice así
«Cuando los objetos sustraídos fueren teléfonos móviles, así como cualquier otro dispositivo móvil de comunicación o de almacenamiento masivo de información digital susceptible de contener datos e información de carácter personal. A los efectos de este numeral, no se considerarán incluidos los que se encuentren a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales.»
La reforma se justifica en la Exposición de Motivos con un argumento que va más allá del valor venal del aparato: el móvil sustraído priva a la víctima de su privacidad, de su comunicación esencial y del acceso a sus servicios bancarios, con un impacto que el legislador califica de singular. Conviene destacar dos consecuencias prácticas inmediatas:
Por tanto, el nuevo precepto opera con independencia de lo que cueste el dispositivo. Un teléfono de gama baja por valor de 80 euros, hasta ahora constitutivo de hurto leve (artículo 234.2 del CP), puede quedar subsumido en el tipo agravado si el sustractor actúa en el espacio público. Esto supone un salto punitivo significativo: de la pena de multa de uno a tres meses propia del hurto leve, a prisión de uno a tres años.
Hay que tener en cuenta que se excluye expresamente los dispositivos «a la venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales». Con ello se evita que el hurto en tiendas de electrónica quede automáticamente agravado ya que se entiende que los dispositivos «están limpios», reservando la figura para la sustracción al ciudadano que porta el dispositivo como herramienta de su vida diaria.
Habrá algunas cuestiones que se deberán resolver, como si la sustracción de un dispositivo de comunicación sin SIM activa o un pendrive con información irrelevante (juegos) podría escapar al tipo, dado que el fundamento de la agravación radica en la información personal que contiene. La jurisprudencia tendrá que pronunciarse sobre este extremo.
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